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Desde el pasado fin de semana, los incrementos – autorizados por el gobierno nacional – ya impactan sobre todo en la garrafa más vendida, la de 10 kilos. Los nuevos precios a nivel local. La garrafa de 10 kilos – a domicilio – quedó con un precio que oscila entre $1.900 y $2.000. A su vez, la que se retira en el comercio, entre $1.400 y $1.500; dependiendo dónde se la adquiera.
Por su parte, si hace un promedio, el tubo de 45 k se lo puede adquirir en Concordia entre unos $8.600 y $9.000.

Suba

Vale aclarar que la suba fue anunciada recientemente por el gobierno nacional, a través de la Resolución 15/2023 de la Secretaría de Energía y publicada en el Boletín Oficial.

El anuncio dispone que la garrafa de 10 kilos subirá desde los 923,70 pesos actuales a 1.016 pesos; la de 12 kilos subirá de 1.104,44 pesos hasta 1.219 mientras que la de 15 kilos pasa de los 1.385,55 pesos actuales a 1.524 pesos.

Hay que recordar que la cadena del gas envasado viene acumulando tensiones a raíz de los aumentos de costos y los precios atados a las autorizaciones oficiales. En noviembre pasado, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), junto con la de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (Codigas) y la de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) realizaron movilizaciones en varios puntos del país para reclamar subas de precio y mayor agilidad en el cobro de compensaciones que reciben las empresas.

Entre sus considerandos, la medida indica que «los precios máximos de referencia cumplen un rol primordial para asegurar el suministro económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes».

Y justificó la nueva suba por «la variación experimentada en los valores asociados a la producción de GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista», por ello – señala la resolución – «resulta necesario actualizar los precios máximos de referencia asociados a la producción y comercialización de GLP, propendiendo a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa Hogar».

Fuente Diario Río Uruguay