2025-03-13

A partir del 8 de abril

Caminos del Río Uruguay advirtió sobre el impacto del fin de la concesión del corredor vial

A solo semanas del vencimiento de la concesión, la empresa denuncia la falta de soluciones y la incapacidad del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad y el funcionamiento de las rutas. Más de 500 empleos están en riesgo.

La empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA) expresó su preocupación ante la falta de respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sobre sus planteos, lo que llevará al Gobierno Nacional a hacerse cargo de la operación del corredor vial a partir del 8 de abril, fecha en que vence la concesión.

CRUSA señaló que, debido a la negativa de la DNV a prorrogar la concesión, el Estado deberá asumir la gestión integral de la Autopista del Mercosur, la Ruta 174 (Conexión Rosario-Victoria), y otras rutas actualmente a cargo de la empresa. Esto incluye la atención a la seguridad en el corredor y la resolución del futuro de los más de 500 trabajadores involucrados.

La empresa advirtió que el Estado Nacional no tiene la capacidad operativa ni los recursos económicos para asumir la gestión de estas rutas, lo que podría traer consecuencias graves para los usuarios y los trabajadores. La falta de alternativas viables por parte de las autoridades genera preocupación, ya que CRUSA actualmente cubre servicios esenciales, como ambulancias, auxilio mecánico y la intervención en situaciones de emergencia, que no estarán disponibles a partir del 8 de abril.

CRUSA también lamentó que Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de las rutas, haya comunicado en varias ocasiones que no puede asumir la responsabilidad de la concesión, tanto por cuestiones operativas como económicas. A pesar de esta información, el Gobierno Nacional ha decidido seguir adelante con su plan, dejando en incertidumbre tanto a los trabajadores como a los usuarios de las rutas.

La empresa concluyó con un llamado urgente a las autoridades para reconsiderar esta decisión, recordando que esta situación pone en riesgo tanto la seguridad de los usuarios como la estabilidad laboral de cientos de familias.

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