La Justicia ordenó el desalojo de Mazurier del camping La Tortuga Alegre

El Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Concordia, a cargo del juez Jorge Ponce, ordenó el desalojo inmediato del camping La Tortuga Alegre, también conocido como la excolonia Bella Vista. La medida implica la restitución del predio al gobierno de Entre Ríos y representa un fuerte golpe para Luis Mazurier, ex presidente de la Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande (Codesal), quien intentaba quedarse con el terreno.

Mazurier, ya condenado a nueve años de prisión por delitos de corrupción, se presentó en la causa alegando ser el legítimo poseedor del camping. Sin embargo, el juez Ponce desestimó su defensa y determinó que su ocupación del predio derivaba de su rol como titular de Codesal, sin que ello le otorgara derechos de propiedad.

En la demanda de desalojo, los codemandados Alberto Jesús Villanueva y la cooperativa La Tortuga Alegre no respondieron a la causa y fueron declarados en rebeldía, lo que allanó el camino para la restitución del bien al Estado provincial. Por su parte, Mazurier argumentó que ocupaba el camping "a título personal", pero el magistrado rechazó su planteo al considerar que su ingreso al predio se debió exclusivamente a su función en Codesal y no como propietario legítimo.

El fallo establece que Mazurier era un "tenedor precario" sin derechos sobre el inmueble, por lo que está obligado legalmente a devolverlo al gobierno provincial. En su apelación, el exfuncionario intentó revertir la decisión, pero la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Concordia ratificó el fallo de primera instancia, declarando "desiertos" sus agravios e "inadmisible" su recurso de apelación.

La vocal María Elena Murga argumentó que Mazurier no podía reclamar la posesión del camping, ya que su acceso se dio en el marco de su cargo en Codesal. A su postura se sumó el vocal Flavio Valerio Fravotta, dejando firme la orden de desalojo y restitución del predio al gobierno de Entre Ríos.

Este caso se suma a otros litigios en la zona del perilago de Salto Grande, donde se han registrado ocupaciones irregulares de terrenos administrados por Codesal. La Fiscalía de Estado ha impulsado distintos juicios para recuperar estos espacios en favor del patrimonio público.