martes 6 de octubre de 2026
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CRISIS EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA

Granja Tres Arroyos confirmó 1.250 despidos tras finalizar la conciliación obligatoria

La empresa ratificó las desvinculaciones en sus plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar luego de que no hubiera acuerdo con el sindicato. Los trabajadores aún deberán esperar para conocer cuándo podrán cobrar las indemnizaciones.

Los 1.250 despidos de Granja Tres Arroyos quedaron firmes luego de que finalizara la conciliación obligatoria entre la empresa avícola y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), sin que las partes lograran alcanzar un acuerdo.

La última audiencia se llevó adelante en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata. Ante la imposibilidad de extender nuevamente la conciliación, la compañía ratificó las desvinculaciones que había comunicado a comienzos de septiembre.

De acuerdo con el relevamiento de la cartera laboral, los despidos alcanzan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar.

La empresa ratificó las desvinculaciones

Durante la audiencia, el apoderado de Granja Tres Arroyos, Walter Carrizo, confirmó la decisión de la empresa.

Según publicó Clarín, el representante sostuvo que la compañía mantiene las decisiones comunicadas oportunamente respecto de los despidos y desvinculaciones, con las causales y alcances informados en cada caso.

La empresa argumentó que las medidas responden a la necesidad de adecuar la estructura a la actividad disponible y preservar la continuidad de la explotación.

Asimismo, Carrizo aclaró que la ratificación de las desvinculaciones no implica la comunicación de nuevos despidos.

Granja Tres Arroyos aseguró que mantiene el diálogo

Pese al vencimiento de la conciliación obligatoria, la representación empresarial manifestó su disposición a continuar negociando con los trabajadores y el sindicato.

Según expresó, las empresas mantienen abierto el diálogo para analizar alternativas que permitan atender la situación laboral y sostener la continuidad de la actividad.

Al mismo tiempo, la compañía rechazó las acusaciones de vaciamiento y de una supuesta provocación deliberada de la crisis.

En ese sentido, sostuvo que la afectación de fondos y cobranzas vinculadas con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales limita actualmente su capacidad para afrontar compromisos y recuperar el funcionamiento de los establecimientos.

Qué pasará con las indemnizaciones

Aunque los despidos ya quedaron vigentes, los trabajadores todavía deberán esperar para conocer cuándo y de qué manera podrán cobrar las indemnizaciones correspondientes.

Fuentes sindicales señalaron que primero deberá definirse qué juzgado tendrá intervención en los concursos preventivos de las empresas y posteriormente deberá designarse un síndico.

De acuerdo con lo señalado por las fuentes gremiales, las indemnizaciones se tramitarían bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Se está a la espera de que la Cámara designe un juzgado, para que este designe un síndico. Y el síndico va a determinar, una vez que la empresa tenga los fondos, qué crédito tiene que pagar”, explicó una fuente sindical.

La disputa por los concursos de acreedores

El conflicto laboral se desarrolla en paralelo con la crisis económica y financiera que atraviesa el grupo empresario.

Granja Tres Arroyos solicitó que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº21 tramite de manera conjunta los concursos de acreedores de Granja Tres Arroyos SA, WADE SA y Avex SA.

El magistrado Germán Páez Castañeda había remitido inicialmente las actuaciones al Juzgado Comercial Nº1. Sin embargo, su titular, Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió la causa.

Por este motivo, aún resta definir qué juzgado quedará finalmente a cargo de los procesos concursales.

También existe una inhibición de bienes

En paralelo, sobre las empresas pesa una inhibición de bienes dispuesta judicialmente en el marco de una denuncia por presunto vaciamiento.

Mientras avanza la definición de la situación judicial y concursal, permanece la incertidumbre respecto de los plazos para que los trabajadores despedidos puedan cobrar las acreencias laborales.