Frigerio promete transparencia, pero su gobierno no respondió ni un solo pedido de informes en 2025

Aunque el gobierno de Rogelio Frigerio proclama la transparencia como uno de sus pilares, la práctica institucional muestra lo contrario: en lo que va de 2025, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos no respondió ninguno de los 11 pedidos de informes elevados por la Cámara de Diputados. Tampoco hubo respuestas para los dos que llegaron desde el Senado.

Se trata de una herramienta prevista por la Constitución provincial para garantizar el control del Poder Legislativo sobre la gestión pública, pero que históricamente ha sido ignorada por los gobiernos, sin importar el color político.

En el caso de la gestión Frigerio, esta falta de respuestas choca de frente con el discurso oficial, especialmente cuando se recuerda que en 2024, de los 80 pedidos de informes presentados en ambas cámaras, solo se respondió un tercio.

Los 11 pedidos de este año provinieron tanto de legisladores del PJ como del bloque libertario. La diputada Laura Stratta fue la primera en presentar uno, solicitando información sobre los presuntos sobresueldos del gabinete. Le siguieron otros pedidos sobre temas sensibles como salud, educación, medio ambiente, adicciones, infraestructura vial y políticas energéticas. Ninguno obtuvo una contestación formal.

Desde el Senado, la situación no es mejor: de dos pedidos realizados en 2025, uno sobre la auditoría del Iosper y otro sobre la prevención del dengue, ambos siguen sin respuesta.

Ante este panorama, la diputada justicialista Andrea Zoff presentó un proyecto de ley para regular los pedidos de informes, fijar plazos de respuesta, establecer sanciones en caso de incumplimiento y publicar las respuestas en la web oficial. La iniciativa busca que el instrumento deje de ser un “recurso decorativo” y se convierta en una herramienta real de control.

Zoff citó en los fundamentos declaraciones del propio Frigerio sobre la necesidad de transparentar el Estado, y recordó que incluso varios funcionarios actuales firmaron proyectos similares cuando eran legisladores, antes de llegar al Ejecutivo.

El proyecto establece que los pedidos aprobados deben notificarse al organismo requerido en cinco días hábiles y que la respuesta debe llegar en un plazo de quince días hábiles, con una prórroga excepcional de igual duración. Además, incorpora la posibilidad de sancionar por mal desempeño a los funcionarios que no cumplan con estos plazos.

Desde 1989 se han presentado iniciativas para regular este instrumento, pero ninguna fue aprobada. La más reciente tiene ahora la oportunidad de poner a prueba la voluntad real del gobierno provincial de avanzar hacia una gestión abierta y controlable. Por el momento, el silencio oficial sigue siendo la única respuesta.
Fuente: Analisis Digital